Mauricio
Los activistas sindicales son a menudo acosados o incluso despedidos, como ha sido el caso de cuatro sindicalistas este año. En cuanto a los trabajadores y trabajadoras de las zonas francas industriales y a los trabajadores migrantes, sus derechos sindicales en la práctica son casi inexistentes.
Derechos sindicales según la ley
Libertad sindical: La Constitución protege el derecho de los trabajadores/as a establecer y afiliarse a sindicatos. El Parlamento adoptó en 2008 la Ley de Relaciones Laborales, que reemplaza a la Ley de Relaciones Profesionales de 1973. Entrará en vigor en 2009.
La nueva ley, que cubre a los trabajadores tanto del sector público como del privado, reconoce el derecho de los bomberos y del personal de prisiones a afiliarse a sindicatos, suprime los poderes discrecionales del responsable del registro en lo concerniente a la creación y las actividades de los sindicatos, e introduce disposiciones contra los actos de injerencia en las actividades sindicales.
Negociación colectiva: La Ley de Relaciones Laborales introduce medidas para promover la negociación colectiva y establece un sistema de reconocimiento de los agentes de negociación. Reconoce, por otro lado, que las federaciones o confederaciones pueden entablar negociaciones a nivel sectorial.
Restricciones al derecho de huelga: El derecho a la huelga está reconocido por la Ley de Relaciones Laborales, aunque persisten ciertas divergencias con relación al Convenio 87 de la OIT. Los requisitos impuestos para la votación a fin de que los trabajadores decidan si ir a la huelga, en lo que respecta al modo de escrutinio, al quórum y la mayoría requeridos, son exagerados. Los servicios mínimos en caso de huelga se imponen en demasiados sectores de actividad (servicios telefónicos, hostelería, transportes, etc.).
La Ley de Relaciones Laborales impone un complejo procedimiento de conciliación y mediación que dura un total de dos meses desde el momento en que fracasan las negociaciones hasta el inicio de la huelga. Además, aún cuando se logre organizar una huelga legal, el proyecto de ley prevé que el Primer Ministro pueda solicitar al Tribunal Supremo prohibir la continuación de la misma –si una industria o servicio corre el riesgo de verse gravemente afectado, si amenaza al empleo o si la huelga presenta un verdadero peligro para la vida, salud o seguridad personal de parte o la totalidad de la población– y someter el conflicto a un arbitraje obligatorio. La ley excluye la posibilidad de que los sindicatos puedan organizar huelgas a escala nacional así como huelgas concernientes a cuestiones generales, o acciones en relación con cuestiones de política económica.
Por otro lado, los sindicatos siguen reclamando sin éxito dos importantes modificaciones legales: que la Constitución garantice el derecho de huelga y que se revoque la Ley de Orden Público, que exige presentar a la policía, con siete días de antelación, una solicitud oficial para poder llevar a cabo manifestaciones de más de 11 personas y además prohíbe toda manifestación cuando esté reunida la Asamblea Parlamentaria, lo que continúa restringiendo considerablemente el derecho de huelga.
Derechos sindicales en la práctica y violaciones en 2008
Contexto general: El informe "Doing Business" del Banco Mundial clasifica a Isla Mauricio como el país de África más atractivo, con diferencia, para los inversores. Lo que no menciona es que en el plano social sigue habiendo inquietudes, en particular con relación a una campaña organizada por las autoridades y el sector privado para incrementar aún más la flexibilidad de la mano de obra.
Demandas judiciales y acosos a dirigentes sindicales: El 11 de abril, Toolsiraj Benydin, Presidente de la Federation of Civil Service Unions (FCSU) y Radakrishna Sadien, Presidente de la Government Servants Association (GSA), fueron multados por haber contravenido la Ley de Reunión Pública (PGA) durante una acción de protesta que en realidad tuvo lugar en junio de 2006. Dicha manifestación había sido organizada después de que se anunciara el cierre del taller mecánico de la policía. La reunión fue considerada ilegal según las disposiciones de la PGA, que prohíbe específicamente cualquier reunión en Port-Louis, la capital, los días en que tienen lugar las sesiones del Parlamento. Los dos dirigentes presentaron recurso de apelación a esta decisión arbitraria. Se espera la decisión de la Corte Suprema para principios de 2009. Las autoridades citan a menudo la PGA a la hora de reprimir manifestaciones. En un caso parecido (una manifestación tras el cierre de una empresa paraestatal en junio de 2006), cinco sindicalistas, entre ellos los dos dirigentes mencionados, habían sido también objeto de persecuciones judiciales. Como les fueran confiscados sus pasaportes, se tuvieron que enfrentar durante muchos meses a problemas administrativos cuando tenían que abandonar el país para participar en reuniones sindicales internacionales. El 2 de agosto, sin embargo, la justicia levantó todos los cargos con relación a este segundo caso "por razones humanitarias".
Dos dirigentes sindicales despedidos en el sector de las telecomunicaciones: El 28 de agosto, Raj Rughoonuth, Presidente del Mauritius Telecom Employees Union, y Indiren Carpenen, Secretario General del Telecommunications Workers Union, fueron despedidos de la empresa Mauritius Telecom "por haber divulgado información confidencial a la prensa". En realidad habían reclamado mayor transparencia en el funcionamiento de la empresa. A finales de año los dos sindicalistas, que habían recibido muestras de apoyo por parte de las autoridades, denunciaron las maniobras antisindicales de la dirección, que intentaba comprometer su reintegración con nuevas cláusulas de confidencialidad prohibiéndoles criticar públicamente la empresa a través de panfletos, la prensa o mensajes de móvil. Ninguno de los dos sindicalistas ha sido nunca convocado a una audiencia disciplinaria, según está previsto por la ley, y señalaron que habían rechazado ofertas de compensación considerables ofrecidas por su empleador, una forma, según ellos, de eliminar los derechos sindicales en el seno de esta empresa.
Dos sindicalistas despedidos por Air Mauritius: El 5 de septiembre, Moteelall Manic, Presidente de la Air Mauritius Staff Association (AMSA), y Narvada Beenessreesingh, Presidenta de la Air Mauritius Cabin Crew Association (AMCCA), fueron despedidos de sus funciones por la dirección de la empresa Air Mauritius. Su empleador había juzgado de "difamatorias" las declaraciones mantenidas por los dos sindicalistas en un correo electrónico que le habían enviado, en el cual transmitían las críticas de los miembros de los sindicatos en cuanto a su mala gestión de la crisis por la que pasaba Air Mauritius. Fueron reintegrados tras haber tenido que enviar una carta de disculpas en la que, no obstante, expresaron su deseo de que el empleador entame un verdadero diálogo social con los sindicatos. A finales de 2008 los cuatro sindicatos de Air Mauritius reunidos en la Intersindical expresaron su cólera ante la negativa, desde hace un año, de reconocimiento por parte de la empresa, sobre todo cuando ésta se encuentra al borde de la quiebra.
Zonas Francas Industriales: En las zonas francas los empleadores siguen mostrándose hostiles hacia los sindicatos, que encuentran enormes dificultades para llegar a los trabajadores/as debido a que los empleadores les impiden casi siempre la entrada a las instalaciones industriales. La tasa de sindicalización no supera el 12%. Los órganos competentes de la OIT han destacado en diversas ocasiones la necesidad de una mayor protección frente a actos de injerencia por parte de los empleadores y las organizaciones patronales en las actividades de los sindicatos, así como la necesidad de contar con procedimientos de apelación rápidos y sanciones suficientemente disuasivas al respecto. La Comisión de Expertos instó además al gobierno a que tome las medidas pertinentes para la promoción de la negociación colectiva en todas las áreas de la actividad económica. El Export Processing Zone Labour Welfare Fund (EPZLWF) recibió numerosas quejas, pero no les dio seguimiento. A finales del tercer trimestre de 2008, las ZFI contaban con 413 sociedades y 64.648 trabajadores/as, de los cuales más de 18.000 son migrantes.
Trabajadores migrantes: La mano de obra migrante es la más expuesta a las violaciones de los derechos sindicales. Cuando los trabajadores y trabajadoras hacen huelga, la respuesta coordinada de empleadores y autoridades consiste en reenviarlos a su país de origen aduciendo "ruptura de contrato" y "huelga ilegal". En agosto de 2008 varios trabajadores de Bangladesh en la fábrica textil Sonia Wear de Tyack fueron obligados a retomar el trabajo, tras dos días de huelga, para evitar ser expulsados. Su empleador acababa de indicarles que a partir de entonces se les pagaría por pieza. Fayzal Ally Beegun, Presidente de la Textile Manufacturing and Allied Industries Workers Union (TMAIWU), una de las pocas organizaciones que consiguen prestar apoyo a la mano de obra migrante empleada en el sector textil, lamentó el hecho de que en los contratos de estos trabajadores no se mencionen sus derechos, o de manera muy fragmentada, y que la "barrera lingüística" sea un obstáculo suplementario – los sindicatos y la inspección de trabajo tienen muchas dificultades para explicarles sus derechos y deberes. El dirigente sindical ha denunciado en repetidas ocasiones, a lo largo de estos últimos años, las pésimas condiciones de trabajo y alojamiento que soportaban estos trabajadores migrantes, los cuales no se atreven a prestar declaración por miedo a perder su trabajo y ser expulsados. A finales de junio, durante un paro laboral de 300 trabajadores chinos empleados en obras de construcción, lamentó también la falta de recursos de que disponen los trabajadores migrantes cuando son víctimas, como en este caso, de agencias de contratación que se niegan a reembolsar el dinero que tuvieron que pagar para ser contratados.