Canadá
En varias provincias, la legislación no brinda a determinados grupos de trabajadores la protección jurídica necesaria para poder organizarse, contiene restricciones sobre el derecho de huelga o limitaciones sobre los requisitos para respetar los convenios negociados con los sindicatos. En la práctica, persisten restricciones en el sector público (especialmente a nivel federal) sobre la libertad de afiliarse a un sindicato, negociar de manera efectiva los salarios, o inclusive elegir libremente las cuestiones que han de negociarse con los empleadores.
Derechos sindicales según la ley
Libertad sindical: Según la legislación federal, los trabajadores/as, tanto en el sector público como en el privado, gozan de libertad sindical. La legislación federal garantiza oficialmente los derechos sindicales, aunque cada provincia tiene su propia legislación, que establece límites a estos derechos. La ley prohíbe la discriminación antisindical.
Derecho de negociación colectiva: Tanto los trabajadores/as en el sector público como en el privado tienen el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. La ley protege la negociación colectiva pero, una vez más, existen limitaciones que varían de una provincia a otra.
En 2007, en el caso de los servicios de sanidad, Health Services and Support, el Tribunal Supremo revocó la legislación aprobada en la provincia de Columbia Británica, la cual interfería sustancialmente con la capacidad del sindicato para negociar colectivamente en nombre de sus miembros en el sector de la administración pública. De ese modo, el tribunal estableció que la sindicalización y la negociación colectiva eran libertades protegidas en virtud de la Carta de Derechos y Libertades del país.
Desde entonces, las autoridades provinciales y nacionales han tardado en modificar la legislación que no concuerda con la sentencia del Tribunal.
Provincia de Saskatchewan: En mayo de 2008, se aprobaron la Ley 5 (Servicios esenciales en los servicios públicos) y la Ley 6 (Enmienda de la ley sindical, 2008), que reducen los derechos de negociación de un sindicato o socavan el derecho de los trabajadores a organizarse. La Ley 5 tiene todos los elementos para despojar a los sindicatos de su eficacia como agente negociador de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras. Permite a los empleadores designar casi a cada trabajador individualmente como proveedor de un "servicio esencial", sin tener que recurrir a posibles vías como las del arbitraje obligatorio. Entre los empleadores incluye a universidades, municipios e institutos técnicos. Permite, mediante una sencilla "orden del Consejo", la formulación de normativas o leyes por parte del ejecutivo gubernamental sin el consentimiento de la asamblea legislativa electa.
La Ley 6 pone coto a los derechos de los trabajadores/as y los sindicatos a organizarse como entidades y en la práctica permite a los empleadores utilizar medios coercitivos para impedir la formación de organizaciones sindicales e implícitamente castigar a los trabajadores por participar en actividades sindicales.
Derecho de huelga: Todos los trabajadores/as gozan del derecho de huelga, con excepción de aquéllos que prestan servicios esenciales en el sector público (salvo algunas excepciones y cuando la definición es desvirtuada por las autoridades). Puede recurrirse a mano de obra de reemplazo en las industrias que abarca el Código Laboral Canadiense.
Manitoba – restricciones al derecho de huelga: Desde 1996, la Ley de servicios esenciales se utiliza como herramienta para circunscribir el derecho de huelga de algunos trabajadores. La ley da a los empleadores el derecho a designar las clasificaciones y el número de trabajadores, designándolos por su nombre, que prestan un servicio esencial y, en consecuencia, que tienen que trabajar durante las huelgas. Además, se permite al empleador aumentar a voluntad el número de trabajadores designados durante una huelga. El Consejo Laboral de Manitoba no tiene el poder de revocar el número de trabajadores designados para seguir trabajando.
Derechos sindicales en la práctica y violaciones en 2008
Contexto general: En la práctica, las violaciones parecen ir en aumento y tanto la legislación como la práctica transgresoras se mantienen en vigor debido a que el clima político actual en el país sigue legitimándolas. El actual gobierno conservador anunció medidas presupuestarias que eludirían con carácter retroactivo los acuerdos negociados en el servicio público en 2007 y 2008.
Restricciones de los derechos colectivos en el sector postal: Canada Post sigue contratando y recurriendo a trabajadores temporales contratados por empresas privadas para ocuparse y procesar el correo. El artículo 13.5 de la Ley canadiense que rige el servicio postal, revisada en 2007, limita la posibilidad de afiliarse a un sindicato o participar en la negociación colectiva a ciertas categorías de trabajadores temporales y subcontratados. Además, en 2008, Canada Post amenazó con revisar unilateralmente las cuestiones de “competitividad” del convenio colectivo celebrado con el sindicato Canadian Union of Postal Workers (CUPW). El CUPW ha pedido que se revise conjuntamente con el Consejo de Relaciones Laborales de Canadá, pero al terminar el año 2008, todavía no se había emitido un fallo.
Quebec: En 2008, la división de noticias de la televisión TQS de la ciudad de Quebec reestructuró su situación financiera a través de un plan formal en el marco de la Ley sobre Concurso de Acreedores para las Empresas (Companies’ Creditors Arrangement Act - CCAA) con el fin de evitar la quiebra. Gracias a las disposiciones de la CCAA, una entidad corporativa puede declararse en quiebra, lo que permite a un nuevo propietario eludir el convenio colectivo en vigor con el fin de reestructurar las actividades, despedir a los trabajadores y derogar su responsabilidad en lo que respecta al pago de las indemnizaciones por despido colectivo. Inicialmente, alrededor de 60 trabajadores de la ciudad de Quebec City News eran miembros del Canadian Union of Public Employees (CUPE) 3946. Se encontraba en vigor un convenio colectivo en el que se mencionaba la no contratación de trabajadores externos a la unidad de negociación y con disposiciones para la indemnización por despido colectivo. Sin embargo, la empresa postal se reestructuró en virtud de las disposiciones de la CCAA, lo que conllevó el despido de la mayoría de los miembros del personal y la contratación de nuevos trabajadores no pertenecientes a la unidad de negociación. Sólo cuatro miembros de esta unidad de negociación siguen formando parte del personal. El sindicato CUPE local ha recurrido a los tribunales en relación con la ausencia de indemnización por despido colectivo y ha comparecido ante el Consejo de Relaciones Laborales de Canadá con acusaciones de mala fe. A finales del año todavía no se había tomado ninguna decisión.