Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales

Colombia

Población: 45.014.000 / Capital: Bogotá
Convenios fundamentales de la OIT ratificados: 29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138

Pese al gran énfasis que pone el actual Gobierno en la seguridad y tras varios años durante los cuales se registró una reducción del 60% en el número de homicidios, en 2008 se produjo un incremento preocupante del 25% en los casos de violencia antisindical, con 49 sindicalistas asesinados, 16 de los cuales eran dirigentes sindicales y entre los que hubo 45 hombres y cuatro mujeres. Han continuado los atentados, las desapariciones y las amenazas de muerte.

Derechos sindicales según la ley

Libertad sindical: La Constitución colombiana consagra como fundamental el derecho de sindicalización. El Código Laboral estipula el reconocimiento automático con la sola acta de constitución de cualquier organización que cuente con al menos 25 afiliados y que cumpla con un sencillo proceso de registro. Según la ley, los sindicatos son libres de decidir sus propias normas y de gestionar sus actividades. Sólo una autoridad judicial, y no administrativa, puede suspender a los sindicatos o cancelar su personería jurídica.

Existen, no obstante, impedimentos legales al pleno ejercicio de la libertad sindical, como la Resolución No. 626 de febrero de 2008, que cita como uno de los motivos por los que se puede denegar el registro "que la organización sindical se haya constituido para obtener fines diferentes a los derivados del derecho fundamental de asociación". La OIT considera que los poderes discrecionales conferidos a la autoridad administrativa para denegar el registro son contrarios al Convenio 87 y ha pedido al gobierno que derogue dicha disposición.

Existen asimismo problemas a raíz del recurso a diversas figuras contractuales, tales como las cooperativas de trabajo asociado, los contratos de prestación de servicios y los contratos civiles o mercantiles, que encubren verdaderas relaciones de trabajo y que son utilizadas para no permitir a los trabajadores constituir sindicatos. Una nueva ley de julio de 2008, relativa a las cooperativas de trabajo asociado, no ha dado, según la OIT, solución a este problema.

En cuanto al asesinato de dirigentes sindicales, el 22 de junio de 2005 el Congreso adoptó la Ley de Justicia y Paz que, según el gobierno, pretende promover la reconciliación y luchar contra la impunidad. En julio de 2006, la Corte Constitucional Colombiana, la más alta instancia judicial del país, encontró que numerosos aspectos de la Ley contravenían la Constitución. No obstante, el marco jurídico que regula la desmovilización sigue siendo inadecuado porque:

Las organizaciones sindicales informan que los paramilitares que se han sometido al régimen de esta ley han suministrado muy poca información respecto a los asesinatos de dirigentes sindicales.

Negociación colectiva: La legislación colombiana ha introducido un principio de discriminación respecto a las funciones y derechos de las organizaciones de los trabajadores/as del sector público en relación con la contratación colectiva, al clasificarlos como "trabajadores oficiales" o "empleados públicos". Los sindicatos que agrupan a los empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni firmar convenciones colectivas, ya que su derecho a la negociación se limita sólo a la presentación de "solicitudes respetuosas", excluyendo aspectos fundamentales de la relación laboral, como salarios, prestaciones y contratos.

Desde hace años, la OIT ha venido subrayando la necesidad de que se reconozca de manera efectiva el derecho de negociación colectiva a los empleados públicos que no trabajan en la administración del Estado. En noviembre de 2005 la Corte Constitucional dictaminó que para hacer efectivo el Artículo 55 de la Constitución Política, las organizaciones sindicales de empleados públicos podrán acudir a otros medios que garanticen la concertación en las condiciones de trabajo. Hasta la fecha, sin embargo, no se han adoptado aún las medidas legislativas necesarias para dar efecto a este dictamen.

La OIT ha planteado igualmente la necesidad de garantizar que los pactos colectivos celebrados directamente con los trabajadores no sean utilizados para menoscabar la posición de las organizaciones sindicales ni la posibilidad en la práctica de celebrar convenciones colectivas con éstas.

Derecho de huelga: La Constitución colombiana reconoce el derecho de huelga para todos los trabajadores/as, con excepción de los miembros de las fuerzas armadas, la policía y los trabajadores/as de los servicios públicos esenciales o de primera necesidad, tal como lo define la ley. Asimismo, la Constitución imparte un mandato al legislador para que reglamente el derecho de huelga, cosa que no se ha hecho hasta el momento, por lo que continúan vigentes en la legislación normas de 1956 y 1990 en las que se prohíbe la huelga en una gama muy amplia de servicios públicos que no son necesariamente esenciales, contraviniendo así los principios de la OIT al respecto. La ley posibilita igualmente el despido de trabajadores que hayan participado en una huelga declarada ilegal, incluso cuando la ilegalidad resulte de exigencias contrarias a los principios de libertad sindical.

En virtud de la Ley No. 1210 de julio de 2008 (que modifica el Art. 451 del Código Sustantivo del Trabajo), la competencia para la declaración de ilegalidad de una huelga ha sido trasladada de la autoridad administrativa al Poder Judicial. Esa misma ley enmienda considerablemente el Código de Trabajo en lo que respecta al arbitraje obligatorio al establecer que sean ambas partes las que deban solicitar un Tribunal de Arbitramento si, vencido el plazo establecido, no es posible llegar a una solución definitiva.

Se mantiene la prohibición de convocar huelgas para las federaciones y confederaciones, contraviniendo el Convenio 87 de la OIT.

Derechos sindicales en la práctica y violaciones en 2008

Contexto general: Las políticas y leyes en materia laboral siguen excluyendo de la protección social y laboral a más de dos terceras partes de los trabajadores/as, al negar y eludir los derechos laborales mínimos a más de 12 millones de trabajadores/as. El Estado colombiano establece legislación y prácticas contrarias al trabajo decente, dejando a casi el 70% de los trabajadores en condiciones de precariedad laboral. Las Cooperativas de Trabajo Asociado son una muestra de esta precariedad laboral. El conflicto interno en Colombia sigue ocasionando extensos abusos perpetrados por grupos armados irregulares y fuerzas gubernamentales. El Gobierno colombiano asestó serios golpes a las FARC en 2008. No obstante, la guerrilla continúa secuestrando, reclutando niños, usando minas antipersonales, entre otros abusos. Desmembramientos de grupos paramilitares, que nunca se desmovilizaron totalmente, aparecen cada vez más activos, amenazando y matando civiles, entre los que figuran sindicalistas y defensores de derechos humanos. La justicia colombiana ha progresado en sus investigaciones respecto a los abusos de los paramilitares, pero en 2008 la Administración de Uribe trató de obstaculizar dichas investigaciones.

Injerencia histórica del gobierno en la creación y funcionamiento de sindicatos: El gobierno en cabeza del Ministerio de la Protección Social ha jugado un rol preocupante en estas restricciones, negando entre 2002 y 2008, el registro de 515 actos sindicales, de los que 253 corresponden a creación de nuevos sindicatos, situación denunciada en múltiples ocasiones ante el Comité de Libertad Sindical de OIT, que produjo varias recomendaciones frente a la injerencia arbitraria del Estado.

Un caso que hace evidente este fenómeno es el del Sindicato Nacional de Trabajadores de Colvanes Ltda. (SINTRACOLVANES), fundado el 14 de febrero en Medellín, al que el Ministerio de Protección Social denegó el registro sindical, y por otro lado el empleador inició un plan de despidos de los sindicalistas inmediatamente después de haber sido informado por el Ministerio respecto a la solicitud de registro. Unos días más tarde se recibieron informes de que se fraguaba un atentado contra Héctor Vásquez Fernández, de la Escuela Nacional Sindical (una agencia de información laboral) y José Joaquín Vasquez Ríos, miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Antioquia, debido a su participación como asesores en la creación de SINTRACOLVANES. Finalmente, el sindicato no consiguió el registro por no reunir el mínimo de miembros requerido tras los despidos.

La negociación colectiva en Colombia un derecho de pocos: En Colombia apenas el 1,2% de los trabajadores/as se beneficia de una convención colectiva, durante 2008 sólo se suscribieron 473 convenios colectivos, de los que 256 eran convenciones y 217 pactos colectivos (negociados directamente con los trabajadores), con lo que se mantiene el progresivo descenso y pérdida de este derecho

Atentados, desapariciones y asesinatos: Entre los 49 casos de sindicalistas asesinados este año, cabe mencionar, por la resonancia nacional que tuvieron, el de Guillermo Rivera Fúquene, Presidente del Presidente del Sindicato de Servidores Públicos de Bogota (SINSERVPUB), cuyo cadáver apareció el 15 de julio en Ibagué, tres meses después de su desaparición en Bogotá; y el de Leonidas Gómez Roso, empleado del Citibank y dirigente de la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB), asesinado el 7 de marzo en Bogotá, un día después de la Marcha nacional contra el paramilitarismo y todas las formas de violencia, en la tomó parte activa.

También se recuerda el atentado ocurrido el 1 de abril en el Valle del Guamez, Putumayo, donde murió Luz Mariela Díaz López, perteneciente a la Asociación de Educadores del Putumayo, que se encontraba embarazada. Junto a ella también cayó asesinado el sindicalista Emerson Iván Herrera.

José Omar Galeano Martínez fue abatido de dos tiros por sicarios el 23 de agosto. Según información de la CUT, central sindical de la cual es filial la Federación Colombiana de Loteros (FECOLOT), Galeano Martínez lideraba la lucha en defensa del derecho al trabajo de los loteros del país, quienes en forma unida se oponen a la entrega de las loterías nacionales a consorcios privados. Por tal razón, la CUT asegura que se trata de un crimen con móviles políticos.

El 13 de agosto, en Puerto Asís, Putumayo, fue acribillado de a balazos Manuel Erminson Gamboa Meléndez, quien figuraba como Vicepresidente de la Asociación Campesina para la Defensa del Putumayo, y como miembro de la Junta Nacional de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO).

El 8 de agosto, en Saravena, Arauca, Luis Mayusa Prada fue baleado por sicarios, sin que hasta el momento se tenga información de sus identidades ni de los autores intelectuales del crimen. Mayusa había sido trasladado a Saravena desde el departamento del Meta, donde hasta días antes de su muerte había formado parte de la subdirectiva de la CUT en dicho departamento.

Huelga indefinida de los corteros de caña: El 7 de septiembre, en el Valle del Cauca, más de 15.000 trabajadores dedicados al corte de caña de azúcar, al servicio de los ingenios azucareros del sudoeste del país y vinculados a diversas cooperativas de trabajo asociado en esa región, tras haber presentado un pliego de peticiones buscando negociar una mejora en sus condiciones de trabajo, decidieron convocar un paro general e indefinido para apoyar sus reivindicaciones: obtener un salario, jornadas de trabajo y condiciones de seguridad y estabilidad decentes y de acuerdo a lo establecido por los convenios de la OIT en la materia.

El Gobierno no sólo se mostró desconsiderado en el tratamiento del pliego de peticiones de los corteros, sino incluso temerario en sus actuaciones: militarizó el conflicto laboral y pretendió entablar un proceso judicial sobre la base falsa de que había "fuerzas oscuras" (la mano de las FARC) detrás del movimiento, lo que dio pie a amenazas contra algunos dirigentes y a montajes judiciales contra activistas y trabajadores que secundaron el paro. Además, con el ánimo de desacreditar el movimiento y enfrentarlo con los "intereses nacionales", no dudó en responsabilizar a los corteros por el alza del precio del combustible, provocado por la escasez de etanol en el país.

Dirigentes de FENSUAGRO amenazados de muerte: Eberto Díaz, Presidente de FENSUAGRO, asistió al Foro Social Europeo celebrado en Malmo, Suecia, del 17 al 21 de septiembre, después de haber participado en un tribunal sobre los derechos humanos en Colombia, que tuvo lugar del 15 al 17 de septiembre en el Parlamento Europeo, en Bruselas.

El 18 de septiembre FENSUAGRO recibió un mensaje electrónico firmado por una organización paramilitar que se hace llamar "AUC – Amigos de Álvaro Uribe en Colombia", según el cual varias organizaciones sociales y sindicales, entre ellas FENSUAGRO, habían sido declaradas objetivos militares, mencionándose los nombres de dos líderes nacionales de FENSUAGRO, el presidente Eberto Díaz y el secretario Juan Efraín Mendoza. También se profirieron amenazas contra la familia de Eberto Díaz en Colombia mientras él se encontraba en Europa.

Empresas nacionales y multinacionales abocadas a liquidar los sindicatos: La multinacional española Unión Fenosa y su filial Electricaribe están implementando un plan sistemático para acabar con la organización sindical. Dicho plan consiste en hostigamientos, persecución, acciones represivas e ilegales contra los trabajadores/as con objeto de que los afiliados al sindicato se acojan a planes de jubilación o, en su defecto, iniciar procesos ficticios para despedirlos a fin de cumplir con la cuota mensual de bajas impuesta por los mandos superiores en España y reducir así la nómina de personal cubierto por la convención colectiva y afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL).

Good Year Colombia, está utilizando en su planta de Cali la misma política de presión y amenazas contra los trabajadores/as para que se desafilien del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Transformadora del Caucho, Plástico, Polietileno, Poliuretano, Sintéticos, Partes y derivados de esos procesos (SINTRAINCAPLA), como por ejemplo, despidos disfrazados y el desconocimiento reiterado del sindicato, ignorando por completo el Convenio 87 de la OIT ratificado por Colombia

En la empresa a cargo del Relleno Sanitario Doña Juana (vertedero de residuos de la capital colombiana), más de 150 trabajadores/as vinculados en un 90% a una Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA), fueron informados de que, dado que su CTA con sede en Cali sería liquidada, debían firmar contrato con otra CTA con sede en Medellín, sin haber sido nunca informados qué iba a pasar con los aportes que tenían en la primera CTA.

Los trabajadores estibadores en la empresa de carbón Carbosan Ltda. (propiedad de Carboandes y de la Sociedad Portuaria de Santa Marta) decidieron constituir un sindicato de conformidad con las normas vigentes, para mejorar sus deplorables condiciones de trabajo. Denunciaban tener que realizar jornadas de 12 horas continuas, alternando siete días en horario diurno y los siguientes siete días en horario nocturno, seguidos de siete días de descanso no remunerados. No se les reconocían las remuneraciones dispuestas por la ley como primas, vacaciones, descansos, sobretiempo, remuneraciones nocturnas, dominicales y festivos, ni continuidad en el empleo, aún cuando la contratista Todo Servicios Ldta. pagaba las respectivas cotizaciones como si el trabajo se realizase sin interrupción. El Ministerio de Protección Social denegó la inscripción del sindicato con el absurdo argumento de que se trataba de trabajadores en misión y por lo tanto no tenían los derechos de organización y contratación, clara y triste evidencia de que el Ministerio está al servicio de los empresarios y de las multinacionales. Tras fracasar el intento de constituir un sindicato, 50 trabajadores fueron despedidos.