Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales

El Salvador

Población: 7.066.403 / Capital: San Salvador
Convenios fundamentales de la OIT ratificados: 29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

El Convenio 87 de la OIT, a pesar de haber sido ratificado en 2006, continúa sin tener aplicación práctica. Siguen produciéndose despidos de trabajadores/as por intentar formar sindicatos. La indiferencia hacia las demandas de los trabajadores y sus movilizaciones ha sido la norma de comportamiento gubernamental y empresarial durante el período. Trabajadores municipales y sus asociaciones han tenido problemas durante todo el año, lo mismo que empleados del sistema judicial.

Derechos sindicales según la ley

La Constitución y el Código de Trabajo reconocen el derecho de los trabajadores/as del sector privado y los empleados de agencias públicas autónomas a constituir sindicatos. Los trabajadores/as del sector público que no estén empleados por agencias autónomas, como los hospitales públicos y la compañía estatal de electricidad, no tienen derecho a formar ni afiliarse a sindicatos, ni tampoco pueden emprender negociaciones colectivas.

La reforma introducida a la Ley de Servicio Civil en 2006 amplía aún más las restricciones al derecho de sindicalización en el sector público. Quedan excluidos de los beneficios de los convenios, y por tanto del derecho a sindicalizarse, no sólo funcionarios de alto nivel en el sector público, sino quienes realizan diversas funciones como bodegueros, colectores, tesoreros, pagadores, etc. Esta ley además no regula otros derechos fundamentales para el ejercicio de la libertad sindical en el sector público, como la conformación de federaciones y confederaciones, la protección del fuero sindical, el cumplimiento del contrato colectivo, la aplicación de sanciones por prácticas antidiscriminatorias y la no injerencia de titulares de las instituciones en asuntos sindicales. Los empleados públicos tienen, no obstante, derecho a organizarse en asociaciones para defender sus intereses tal como dispone la Constitución.

Restricciones a la libertad sindical: Para estar legalmente registrados, los sindicatos deben cumplir con complejos procedimientos que incluyen la necesidad de obtener una autorización previa del gobierno. Además, si se niega la personería jurídica de un sindicato, queda prohibido cualquier intento de promoción de la organización durante los seis meses siguientes. Los sindicatos deben contar con un mínimo de 35 miembros en el lugar de trabajo y los integrantes de la directiva sindical deben ser salvadoreños de nacimiento. Los sindicatos no pueden participar en actividades políticas.

Restricciones al derecho de negociación colectiva: El Estado limita el derecho a negociar contratos colectivos, al establecer en el Código de Trabajo que, para su primera celebración, el sindicato debe afiliar no menos del 51% de los trabajadores/as de la empresa o establecimiento.

Restricciones al derecho de huelga: Existen restricciones al derecho de huelga, incluyendo el requisito de que un 51% de los trabajadores/as de la empresa, sean o no miembros del sindicato, debe estar a favor de la huelga. Sólo se puede convocar una huelga si tiene que ver con un cambio o la renovación de un contrato colectivo o con la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores/as. Los sindicatos deben esperar un plazo de cuatro días luego de haber recibido la aprobación del Ministerio de Trabajo para dar inicio a una huelga, y no tienen posibilidades de presentar recurso alguno para impugnar una resolución judicial en caso de ser declarada ilegal. En El Salvador, según el Ministerio de Trabajo, todas las huelgas que han tenido lugar eran ilegales.

Defensa inadecuada contra el despido injusto: El Código de Trabajo no contempla la reincorporación de trabajadores/as despedidos aunque el derecho existe en virtud del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), firmado por El Salvador. Hace ya algún tiempo una recomendación de la OIT indicaba que la reintegración de los trabajadores despedidos es un elemento necesario de defensa contra el despido injusto.

Limitaciones del fuero sindical: El fuero sindical se limita a 35 constituyentes, con lo cual se excluye al resto de personas fundadoras. Además finaliza en el momento en que se notifica la inscripción o negación de la personería jurídica de la organización, dejando en desprotección ante el despido a todas las personas trabajadoras que ejercieron el derecho de formar un sindicato.

Derechos sindicales en la práctica y violaciones en 2008

Contexto general: El inicio de la campaña electoral con más de un año de anticipación ha exacerbado la polarización existente, dejando en segundo plano los derechos de los trabajadores. Si bien las elecciones deben celebrarse en 2009, los partidos mayoritarios han iniciado sus campañas desde fines del 2007, alterando el funcionamiento del país.

Prácticas laborales "flexibles" obstaculizan la libertad sindical: Prácticas laborales como la subcontratación de trabajadores/as a través de una empresa intermediaria se convierten en un obstáculo para la organización sindical y la negociación colectiva. En estos casos, la responsabilidad patronal queda totalmente diluida y resulta invisible, ya que la empresa y los superiores con quienes se tiene relación directa no son la patronal legal. Por tanto, la empresa nunca reconocerá al sindicato, y mucho menos entrará en un proceso de contratación colectiva.

Violación del derecho al empleo por ser sindicalistas: Las listas discriminatorias, llamadas "listas negras", constituyen uno de los instrumentos patronales antisindicales más utilizados por las empresas, principalmente en las zonas francas industriales. Negando el derecho al empleo a personas que han tenido alguna historia en relación con organizaciones sindicales, las empresas van garantizando la casi extinción de sindicalistas en estas zonas, y por tanto, resulta mucho más difícil la creación de nuevos sindicatos. Existe total complicidad entre las distintas empresas al hacer circular entre ellas estas listas. Por otro lado, y a pesar de la denuncia permanente, las instituciones estatales no hacen nada al respecto.

Zonas Francas Industriales: Facilidades para su política antisindical: Aunque el derecho de negociación colectiva está reconocido por la ley, no se aplica en las zonas francas industriales a causa de la extrema discriminación antisindical de los empleadores y a la abdicación por parte del gobierno de su responsabilidad de defender el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores/as de las zonas francas. Todo intento de organización es reprimido y los trabajadores/as son amenazados con el despido si intentan formar un sindicato o afiliarse, o con la salida de la empresa dejando a todas las personas sin trabajo.

Continúan los problemas de trabajadores/as de Calvo: Los trabajadores/as organizados en el Sindicato General de Trabajadores de la Industria Pesquera y Actividades Conexas (SGTIPAC) continúan sufriendo violaciones al contrato colectivo y a la libertad sindical. En febrero, el sindicato recurrió a distintas instancias españolas e internacionales reclamando que sus derechos sean tenidos en cuenta, se investiguen las violaciones en la planta y se procure repararlas. La patronal prefiere relacionarse con el sindicato paralelo que ha organizado en la empresa.

Despidos antisindicales: En el transcurso del año, unos 21 empleados/as de tribunales de justicia, organizados en la Asociación Nacional de Empleados Judiciales Salvadoreños (ANEJUS) fueron despedidos por las Juezas titulares de los tribunales de familia de Zacatecoluca y de instrucción de Ciudad Delgado. El sindicato llevó a cabo diversas acciones reclamando la readmisión de los trabajadores despedidos y la destitución de las dos juezas, acusadas de malos tratos. Obtuvo asimismo el respaldo de la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Finalmente se logró un acuerdo que permitió la readmisión de los despedidos, aceptándose como parte negociadora a la ANEJUS.

Transgresión a la libertad de sindicalización: En septiembre, con el apoyo de la Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS) un grupo de trabajadores inició ante el Ministerio de Trabajo las gestiones para organizar el Sindicato de Trabajadores del Transporte Público de la Asociación de Transportistas Ahuachapanecos S.A. de C.V. Tras el acto de presentación de los documentos, los constituyentes fueron informados por la empresa que estaban despedidos y se les impidió el ingreso al centro de trabajo. La CATS llevó su denuncia a conocimiento de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA).

Problemas para trabajadora/es del sector municipal: A lo largo del año trabajadores/as municipales, organizados en la Asociación de Trabajadores Municipales (ATRAM) y la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), protagonizaron diversas protestas en sus centros de trabajo denunciando despidos injustificados o falta de capacidad de diálogo de los funcionarios municipales.