Birmania
Los días 2 y 3 de mayo, el delta del río Ayeyarwady y la zona de Rangún, al sur del país, quedaron devastadas tras el paso del ciclón Nargis, que acabó con la vida de más de 140.000 personas y se convirtió en la peor catástrofe natural de la historia de Birmania. El sufrimiento de decenas de miles de supervivientes se vio enormemente agravado por las negativas del gobierno militar – el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC) – a permitir la entrada inmediata a las zonas afectadas de equipos internacionales de expertos humanitarios y provisiones. Una de las razones principales fue la prioridad que adjudicó el SPDC a seguir adelante con el referéndum nacional, previsto para el 10 de mayo, sobre una nueva Constitución redactada por los militares. Las alegaciones por parte de los generales militares en el poder de que el referéndum obtuvo más de un 92% de votos a favor, hacían caso omiso de las irregularidades generalizadas y los abusos electorales que la comunidad internacional había condenado rotundamente. Sigue habiendo una severa represión contra toda forma de actividad sindical, docenas de sindicalistas se pudren en la cárcel, y la Federation of Trade Unions Burma (FTUB), organización asociada de la CSI, continúa estando considerada como organización ilegal.
Multimedia
Vídeos
- Represión en Birmania
Entrevistas
- Primer plano de Soe, Saing y Tin, pescadores migrantes birmanos (Birmania/Indonesia)
- Primer plano de Htat Khoung (AWU, Birmania)
- Primer plano de Maung Maung (FTUB – Birmania)
- Primer plano de Thwel Zin Toe y Khin San Htwe (Birmania - Unión de Mujeres Birmanas)
Fotos
Derechos sindicales según la ley
Nueva Constitución aprobada, pero sin verdaderos derechos para los trabajadores: Durante la campaña del gobierno en apoyo a la nueva Constitución, miembros de la FTUB en Birmania encontraron pruebas fehacientes de abusos por parte del gobierno birmano, como amenazar a las personas que no votaran con penalizaciones (eliminación del registro civil, pérdida de servicios), presionar a ciudadanos para que asistieran a concentraciones a favor de la Constitución y provocar dudas entre los votantes con respecto a si su voto se mantendría secreto o no. Se informó de numerosos casos de votaciones anticipadas en las que funcionarios públicos controlaban e intimidaban a los votantes según realizaban su elección. Los activistas que fueron localizados llevando a cabo campañas por el voto en contra de la Constitución fueron arrestados y encarcelados. El 29 de mayo la Constitución se declaró formalmente aprobada.
El Artículo 24 de la Constitución declara que se promulgarán "las leyes necesarias para proteger los derechos de los trabajadores", pero no dice nada sobre el contenido de esas leyes. El derecho a formar asociaciones y organizaciones, mencionado en el Artículo 354, está explícitamente condicionado a que no sea "contrario a las leyes decretadas para la seguridad del sindicato, a la prevalencia de la ley y el orden, a la paz y tranquilidad de la comunidad, ni a la moralidad y orden público." Los criterios para las definiciones que se emplean en la legislación no están definidos, lo cual deja amplia discreción al SPDC para seguir prohibiendo una gran diversidad de organizaciones sindicales y de la sociedad civil.
La represiva legislación antisindical sigue en vigor: La legislación birmana es una combinación del antiguo derecho consuetudinario inglés, que se remonta a la época colonial británica, de leyes que se mantuvieron del periodo anterior a la toma de poder por parte del actual gobierno militar y de legislación más reciente en forma de decretos y órdenes militares promulgados por la Junta. Las instituciones jurídicas que aún existen en Birmania pueden ser suspendidas por decretos militares o mediante la intervención de cualquier oficial lo bastante poderoso.
La Ley Sindical de 1926, que ha sido objeto de observaciones por parte de la OIT durante varios años, establece un umbral excesivamente alto para crear un sindicato (el 50% de los trabajadores/as debe pertenecer al sindicato para obtener reconocimiento legal). En 1964, se adoptó la Ley que Define los Derechos y Responsabilidades Fundamentales de los Trabajadores del Pueblo. La Ley Sindical de 1926 se mantuvo en vigor en la medida en que era compatible con la de 1964. Durante muchos años, la OIT ha intentado infructuosamente que el gobierno birmano aclare si la aplicación de la Ley de 1964 implica la anulación de la Ley Sindical.
Sistema de sindicato único: La Ley de 1964 establece un sistema obligatorio para la sindicalización y representación de los trabajadores/as, lo que es contrario a las normas de la OIT. La Ley de 1964 fue enmendada en 1976. En sus comentarios de 1977, la OIT indicó que la ley enmendada aún "…imponía un sistema sindical único que infringe el Artículo 2 del Convenio [n°87] según el cual los trabajadores tienen el derecho de constituir organizaciones que estimen convenientes". Esa situación no ha cambiado.
La Ley relativa a los Conflictos Laborales de 1929 impone otras restricciones. Esta ley, que fue modificada en 1966, pretende definir las modalidades de resolución de los conflictos laborales. Existen numerosas disposiciones que no son conformes con la libertad sindical, como por ejemplo, el poder del Presidente de la Unión de Birmania de remitir los conflictos laborales a tribunales de investigación o a tribunales laborales, la definición de empresas públicas, la definición de lo que constituye un conflicto laboral y una huelga, así como las circunstancias en las que se puede convocar y las sanciones penales a que se enfrentan los trabajadores/as que incumplan estas disposiciones.
Las órdenes y los decretos militares limitan aún más la libertad sindical: Un ejemplo elocuente es la Orden 2/88 de la Organización para Establecer la Legalidad y el Orden Público en el Estado, expedida el 18 de septiembre de 1988 por el gobierno militar, que prohíbe cualquier actividad de cinco o más personas, tales como "reunirse, caminar o marchar en procesión independientemente de si el acto tiene o no la intención de crear disturbios o de cometer un crimen". Asimismo prohíbe la apertura de "centros de huelga independientemente de si tienen o no la intención de crear disturbios o cometer un delito". La citada orden añade que "ninguna persona está autorizada a bloquear carreteras o manifestar en masa" ni a "interferir o impedir las labores de las personas encargadas de desempeñar tareas de seguridad". La orden 2/88 se ha visto reforzada por la Ley de Asociaciones Ilegales, que en su artículo 17.1 dispone que "quienquiera que sea miembro de una asociación ilegal, participe en reuniones o reciba o solicite contribuciones para tal asociación, será castigado con penas de prisión de no menos de dos años y no más de tres".
La Orden 6/88 de 1988, conocida como la Ley sobre la Formación de Asociaciones y Organizaciones, establece que "todas las organizaciones deberán solicitar una autorización de establecimiento al Ministerio de Interior y Asuntos Religiosos". La definición de "organización" en la Orden es sumamente detallada y radical, ya que abarca a "las asociaciones, las sociedades, sindicatos, partidos, comités, federaciones, grupos de asociaciones, frentes, clubes y organizaciones similares formadas por un grupo de personas con un objetivo, o programa definidos, con o sin un nombre específico". No queda ninguna duda de que la Orden 6/88 se aplica a las organizaciones de trabajadores o de empleadores. Esto supone una manifiesta violación del Convenio 87 de la OIT. Las sanciones previstas por la Orden en caso de infracción son particularmente duras y pueden comprender una pena de hasta cinco años de cárcel.
En recomendaciones recientes al SPDC, el Comité de Libertad Sindical de la OIT resumió la situación con la observación de que "...actualmente no existe una legislación que proporcione un fundamento jurídico a la libertad sindical, ni que permita concretarla, en Myanmar..." y pidió al SPDC que elabore dicha legislación y por otro lado suprima de inmediato las Órdenes 2/88 y 6/88.
Derechos sindicales en la práctica y violaciones en 2008
Sindicatos no autorizados – La FTUB sigue estando considerada una organización ilegal: Hay una ausencia total de organizaciones de trabajadores con registro legal en Birmania. Todas las organizaciones de trabajadores/as del país deben funcionar en la clandestinidad y sus miembros se enfrentan a amenazas constantes de represión y represalias, que incluyen la detención, la tortura y el enjuiciamiento.
La Federation of Trade Unions Burma (FTUB), central sindical asociada a la CSI, se ha visto obligada a operar clandestinamente desde su creación en 1991. Mantiene una estructura dentro y fuera del país, incluyendo sindicatos clandestinos en los sectores industriales más importantes de Birmania, y opera en las principales ciudades del país. Se encarga en especial de recabar pruebas de violaciones de los derechos de los trabajadores y sigue de cerca los casos en que se niega el derecho a la negociación colectiva en los sectores industriales, reuniendo además pruebas sobre la existencia del trabajo forzoso, que transmite a la OIT y al movimiento sindical internacional. Los miembros de la FTUB que son descubiertos realizando esta tarea son acusados de traición y otros delitos, y algunos han sido condenados a cadena perpetua o incluso en ciertos casos a la pena de muerte.
El 28 de agosto de 2005, el Ministerio del Interior del SPDC emitió la Notificación N° 3/2005, que declaraba oficialmente que la "FTUB, sus miembros, y otros grupos y personas relacionados" representaban una amenaza para Birmania, clasificándola como asociación ilegal en virtud de la sección 15 (2) de la Ley de Asociaciones Ilegales.
El Secretario General de la FTUB, Maung Maung, es víctima de continuos ataques por parte del régimen del SPDC, que lanza en su contra acusaciones infundadas de que dirige una organización terrorista. El 12 de abril de 2006, el Ministerio de Interior del SPDC emitió la Notificación Nº 1/2006 según la cual la FTUB queda formalmente clasificada como organización terrorista.
Durante 2008, los directivos del SPDC siguieron refiriéndose públicamente a la FTUB como organización ilegal y terrorista, incluso en la protesta formal por escrito que remitió a la OIT, el 16 de octubre de 2007, en relación al caso nº 2591 del CLS de la OIT.
Más de una docena de líderes y activistas de la FTUB cumplen largas condenas de prisión: Myo Aung Thant, miembro del Comité Ejecutivo Central de la FTUB lleva ya 12 años en la cárcel. Varias ediciones anteriores del presente Informe han expuesto pormenorizadamente el encarcelamiento y la condena de otro miembro del Comité Ejecutivo Central de la FTUB, U Myo Aung Thant, arrestado en junio de 1997, y sentenciado a 20 años de prisión, acusado de alta traición por mantener contactos con la FTUB. U Myo Aung sigue preso en la cárcel de Myitkyina, en el Estado de Kachin, que tiene un clima particularmente riguroso y está situado en una de las zonas más remotas del país.
En junio de 2005, el SPDC descubrió una red clandestina de 10 organizadores de la FTUB en la zona de Pegu, que proporcionaba ayuda y formación a los trabajadores/as y servía de enlace para el intercambio de información y el establecimiento de redes con las estructuras de la FTUB en el extranjero. Siete hombres y tres mujeres fueron condenados a penas de entre 3 y 25 años de prisión (véanse los detalles en la edición 2006 del Informe). No ha habido cambios en su estatus a lo largo del año, y todos ellos permanecen detenidos en la cárcel de Insein.
En marzo de 2006 fueron arrestados cinco activistas laborales y luchadores por la democracia que vivían en la clandestinidad por diversos delitos relacionados con los esfuerzos de proporcionar información a la FTUB y otras organizaciones consideradas ilegales por el régimen, y sus esfuerzos por organizar manifestaciones pacíficas contra el SPDC. Los cinco fueron condenados a largas penas de prisión y, a finales del año, continuaban purgando estas penas en la prisión de Insein. Entre los condenados figuran U Aung Thein (76 años de edad, condenado a 20 años, padece hipertensión y está enfermo del corazón), Khin Maung Win (condenado a 17 años), Ma Khin Mar Soe (17 años), Ma Thein Thein Aye (11 años de condena), y U Aung Moe (78 años de edad, condenado a 20 años y que al parecer se encontraba delicado de salud).
En agosto de 2006, el SPDC arrestó a siete miembros de la familia del miembro y activista de la FTUB, Thein Win, en su casa en la sección de Kyun Tharyar de la ciudad de Pegu. Durante su detención varios hombres de la familia fueron interrogados y torturados. Tres de los hermanos de Thein Win (Ti Oo, Kyi Thein y Chaw Su Hlaing) serían acusados de violar las secciones (1) y (2) del artículo 17 de la Ley de Asociaciones Ilegales, y en 2007 los condenaron a 18 años de cárcel. Tin Oo, brutalmente torturado durante su detención, padece ahora trastornos mentales y se teme por su salud. Los tres siguen encarcelados en la prisión de Toungoo.
Largas penas de cárcel para los participantes en la celebración del Primero de Mayo: En Rangún, las autoridades detuvieron a ocho trabajadores por participar en la celebración del Primero de Mayo de 2007 en el "American Center" (véanse los detalles en el Informe Anual de 2007). Dos de ellos fueron puestos en libertad unos días después. Los seis restantes fueron sometidos a duros e intensos interrogatorios, incluyendo el uso de descargas eléctricas. El 7 de septiembre cada uno de ellos fue condenado a 20 años de cárcel por delito de sedición en base al Artículo 124(A) del Código Penal. Los seis activistas apelaron las condenas ante el Tribunal Divisional, que desestimó su apelación, instigándolos a que recurrieran a la Corte Suprema, la cual revisó los casos el 4 de abril y ratificó las decisiones originales del tribunal.
La CSI presentó una queja contra el Gobierno del SPDC ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT (caso Nº 2591) que, en su 349° informe, señaló la "ausencia absoluta de un clima y marco legislativo suficientes para permitir la existencia de sindicatos" en Birmania y expresó que en vez de etiquetar a la FTUB como organización ilegal y "terrorista" el Gobierno debe "reconocer la Federation of Trade Unions of Burma (FTUB) como organización sindical legítima". El CLS de la OIT hizo igualmente un llamamiento para la liberación inmediata de los seis activistas encarcelados. En sus tres respuestas a la OIT durante este año, el SPDC demostró su continua obstinación al acusar al CLS de la OIT de "interferir en los asuntos internos del país".
U Thet Wai condenado a dos años de prisión y trabajos forzosos por quejarse a la OIT: El 9 de enero, U Thet Wai asistía al juicio de un prisionero político y, después de que la policía le viera hablando con el prisionero, fue detenido y cacheado. Se le encontró en posesión de una memoria USB con copias de documentos que U Thet Wai había enviado a la oficina de la OIT en Rangún con relación al reclutamiento de niños soldados y a las prácticas de trabajo forzoso. Fue acusado bajo las secciones 189 del Código Penal (amenaza y daños a un funcionario) y 353 (agresión o fuerza criminal para impedir que un funcionario cumpla con su deber). También fue acusado conforme a la sección 33 de la Ley de transacciones electrónicas. En marzo, el Consejo de Administración de la OIT expresó su profunda preocupación respecto al caso, exigiendo que U Thet Wai pudiera conservar su libertad y apelando al cese inmediato del acoso por parte del gobierno a personas que presenten quejas ante la oficina de la OIT en Rangún. Como consecuencia, se retiraron las acusaciones bajo las secciones 189 y 33.
A pesar de los llamamientos internacionales por parte del movimiento sindical internacional y de la OIT, el 16 de septiembre U Thet Wai fue declarado culpable de violación de la sección 353 y sentenciado a dos años de prisión y trabajos forzosos por el Tribunal de la ciudad de Panbedan. En respuesta, la OIT declaró en un comunicado de prensa que las acciones de U Thet Wai eran plenamente conformes con el Protocolo de Entendimiento Complementario entre la OIT y el gobierno birmano. La OIT añadió que "no nos queda otro remedio que considerar que la sentencia impuesta está relacionada con el papel que desempeñó U Thet Way en la presentación de quejas sobre las prácticas de trabajo forzoso" y que esta acción "cuestiona el respeto del Protocolo de Entendimiento Complementario (…) que protege plenamente de acusaciones y represalias a las personas que presenten o apoyen quejas sobre el trabajo forzoso, incluido el reclutamiento de menores". U Thet Wai apeló su sentencia, pero a finales de año sus apelaciones seguían pendientes.
Nuevos casos de represalias contra querellantes ante la OIT: U Min Aung, activista prodemocrático que había facilitado quejas contra el trabajo forzoso ante la OIT, fue arrestado y acusado de alterar y generar inestabilidad en el gobierno (sección penal 505B), incitar a la gente a provocar disturbios (sección 143), formar organizaciones (sección 688) y ofender al budismo (sección 295A). Aunque la presión internacional consiguió que el SPDC retirara discretamente tres de los cargos contra Min Aung, el 13 de octubre de 2007 fue sentenciado a dos años de cárcel en base a la acusación relacionada con el budismo. La sentencia fue duramente condenada por el Consejo de Administración de la OIT.
El 3 de agosto, un total de 49 agricultores en el municipio de Natmauk, División de Magwe, presentaron una queja ante la OIT por la confiscación de sus tierras sin compensación alguna, llevada a cabo por el Batallón Central del Almacén Militar de Armas y Municiones, dirigido por el Capitán Phyo Wei Lin. El ejército siguió abusando después de los campesinos, obligándoles a realizar trabajos forzosos y a plantar en las tierras confiscadas una cosecha controlada por el ejército, además de alentar a las autoridades locales a tomar medidas enérgicas contra los líderes del grupo. Cinco de los campesinos – Zaw Htay, Nay Lin, Saw Maung, Hla Soe y Sein Sten – fueron arrestados en octubre, interrogados por el ejército y la policía y finalmente acusados de violar las disposiciones de la Ley de transacciones electrónicas por haber utilizado Internet para enviar información gubernamental – la información resultó ser fotos de las tierras confiscadas y las cabañas rudimentarias que se encontraban en ellas. Recurrir a la Ley de transacciones electrónicas es una táctica habitual que utiliza el SPDC para detener a activistas que se comunican con personas en el extranjero sobre temas relacionados a los abusos de los derechos humanos y laborales.
La oficina de la OIT en Rangún procedió a investigar la queja conforme a las condiciones del Protocolo de Entendimiento Complementario. Posteriormente, el 10 de diciembre, Nay Lin, Saw Maung y Sein Sten fueron liberados, pero los otros dos líderes campesinos continuaban detenidos en la comisaría de Magwe. A finales de año los procesos judiciales contra los cinco hombres seguían pendientes.
U Tin Hla, anciano líder del Burma Railway Union encarcelado y con problemas de salud: U Tin Hla, electricista en la Burma Railway Corporation, y activista del sindicato Burma Railway Union, fue detenido junto con toda su familia el 20 de noviembre de 2007. Mientras que sus familiares serían puestos en libertad poco después, Tin Hla fue acusado, en virtud de la sección 19(a) del Código Penal, de posesión de explosivos, que en realidad no eran más que cables eléctricos y herramientas de trabajo. Tras un breve juicio, fue sentenciado a siete años de cárcel. El crimen de Tin Hla guarda más bien relación con sus esfuerzos activos por organizar a los trabajadores/as del ferrocarril y otros sectores, en apoyo a la Revolución Azafrán en septiembre de 2007. Permaneció en la cárcel a lo largo de todo 2008, sufriendo problemas de salud relacionados con la tuberculosis y la diabetes que padece.
Largas penas de prisión para trabajadores de la fábrica de jabón A21: A finales de año, tres trabajadores – Khin Maung Cho (alias Pho Toke), Nyo Win y Kan Myint – empleados en la fábrica de jabón A21 en la zona industrial de Hlaing Thayar, fueron sentenciados a largas penas de cárcel por involucrarse con grupos exiliados, además de sedición y otras acusaciones. Khin Maung Cho sería sentenciado a 19 años, mientras que Kan Myint recibiría una sentencia de 10 años de cárcel y Nyo Win de cinco años.
Se reprime a los marinos en el extranjero, prohibiéndoles contactar al SUB: El sindicato de marinos de Birmania (SUB), afiliado a la FTUB y a la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), también se considera ilegal en Birmania. Los contratos de los marinos birmanos están sujetos a la aprobación de la División de Control del Empleo de Marinos (SECD), controlada por el régimen. Como condición de empleo, se les exige asistir a conferencias donde los funcionarios de la SECD les advierten verbalmente que se mantengan alejados del SUB y la ITF.
El SPDC y la SECD han tomado represalias contra los marinos que han buscado o aceptado ayuda del SUB o de la ITF. El SUB informa que un número considerable de marinos se ponen en contacto cada año con el SUB o la ITF cuando se encuentran en ultramar (por lo general, a raíz de un conflicto laboral en su buque) y cuya situación se encuentra pendiente ante el Departamento de la Administración de la Marina (DMA) o la SECD. Las represalias incluyen diversos castigos, incluido el encarcelamiento, la confiscación de los salarios repatriados, la suspensión de licencias y la inscripción en listas negras de modo que no puedan conseguir otro empleo como marinos en otros barcos extranjeros.
El SUB informó que el DMA y la SECD están permitiendo prácticamente a todos los agentes de contratación de personal marítimo que incluyan cláusulas en los contratos de los marinos prohibiéndoles que se pongan en contacto con el SUB, la ITF, o cualquier otro sindicato miembro de la ITF.
El SPDC también busca controlar la gente de mar birmana a través de la Myanmar Overseas Seafarers' Association (MOSA). Los marinos se ven obligados a afiliarse a la MOSA y deben pagar una cuota para que la SECD les expidan la correspondiente "cartilla", indispensable para poder enrolarse en barcos extranjeros. Los líderes de MOSA no son elegidos, sino nombrados por las autoridades.
"Comités de trabajadores" creados por las autoridades: En julio de 2004, el gobierno anunció que todas las fábricas que empleaban a más de 100 trabajadores debían establecer "Comités de Supervisión de los Trabajadores" (CST), que cuentan con cuatro representantes elegidos por los trabajadores, pero están presididos por los dueños de las fábricas. Los comités recibieron la orden de reunirse una vez al mes, y un documento que recogía las reglas a seguir para la tramitación de las reivindicaciones de los trabajadores/as. Las quejas han de discutirse en el CST del lugar de trabajo antes de ser presentadas al propietario de la fábrica. En caso de no llegarse a un acuerdo a nivel de la fábrica, se acude al CST municipal.
Mientras las negociaciones están en curso bajo la presidencia del CST de distrito, "los trabajadores deberán seguir realizando sus tareas a fin de no perturbar la producción". No se autorizan las manifestaciones dentro o fuera de la fábrica y "se tomarán medidas firmes" contra cualquiera que ocasione daños a la propiedad del empresario.
El 10 de junio, más de 500 trabajadores de la fábrica de ropa Myanmar Yes protestaron delante de la fábrica exigiendo incrementos salariales y una mejora de los beneficios, y solicitando a la dirección que dejara de pagar los salarios sistemáticamente con retraso. La dirección de la fábrica llamó a la policía, que arrestó de inmediato a 10 líderes de los trabajadores e intimidó a los demás, ordenándoles que volvieran al trabajo. Los líderes arrestados fueron interrogados sobre las protestas y acciones llevadas a cabo, aunque serían liberados poco después.
Su Su Nway, activista de derechos laborales condenada a una larga condena de prisión: Su Su Nwe, la activista que introdujo una queja por trabajo forzoso a la OIT (que posteriormente culminaría en la primera condena de cuatro funcionarios birmanos locales por facilitar mano de obra para el trabajo forzoso), fue detenida el 13 de noviembre de 2007 en Rangún por sus acciones de apoyo a la participación de los trabajadores y trabajadoras en la Revolución Azafrán. El 13 de noviembre de 2008 fue sentenciada a 12 años y seis meses de prisión, acusada de promover reuniones de personas que alteran la tranquilidad del Estado, obstaculizar el trabajo de funcionarios y hacer públicos comunicados que interfieren en las relaciones de Birmania con otros países. Los llamamientos del Consejo de Administración de la OIT para su inmediata liberación fueron en vano.