Timor Leste (Timor Oriental)
La legislación de Timor Oriental reconoce los derechos sindicales, pero varias leyes limitan el derecho de huelga. Los empleadores que violan los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras apenas reciben sanciones debido, en particular, a la parcialidad de la Inspección del Trabajo. En 2008 se produjeron despidos y detenciones de sindicalistas.
Derechos sindicales según la ley
La Constitución garantiza el derecho a formar sindicatos: El derecho a formar sindicatos está garantizado por la Constitución. El Código Laboral garantiza también el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Únicamente la policía y los oficiales del ejército se ven privados del derecho a formar o afiliarse a un sindicato. Para formar un sindicato se requieren de cinco a diez trabajadores/as.
Si un empleador se niega a reconocer el sindicato, cualquiera de las partes puede solicitar la ayuda del Servicio de Conciliación y Mediación del gobierno. Si aún entonces el conflicto sigue sin resolverse, cualquiera de las partes puede introducir una solicitud al Consejo de relaciones laborales / arbitraje, pero cualquiera de las partes puede también interponer recurso a la decisión ante un tribunal civil y el Tribunal Supremo.
La ley proscribe explícitamente el despido como represalia por ejercer actividades sindicales, aunque esta protección está limitada en parte por otra disposición que acepta explícitamente el principio de permitir que se pague una compensación financiera en lugar de la readmisión, en caso de que “el empleador se niegue a reintegrar al trabajador”.
El Código Laboral garantiza el derecho de negociación colectiva: La ley prevé la negociación colectiva. Sin embargo, en caso de que no se consiga concluir un convenio tras las negociaciones bipartitas y si la intervención del Servicio de conciliación y mediación del gobierno no logra resolver el conflicto, cualquiera de las partes puede solicitar la intervención del Consejo de relaciones laborales.
Restricciones al derecho de huelga: Antes de hacer huelga, un sindicato debe notificar por escrito al empleador y al servicio gubernamental de conciliación y mediación, por lo menos 10 días antes de la fecha en que se tiene previsto iniciar la acción. Se concede al Ministro el derecho absoluto de prohibir o limitar una huelga si atañe a una industria o sector incluido en la lista de “servicios esenciales”.
Nueva ley impone restricciones a la libertad de reunión y al derecho de huelga: La Ley sobre Libertad, Reunión y Manifestación, promulgada en enero de 2006, impone varias restricciones importantes a la libertad de reunión y manifestación en público. Entre las disposiciones está el requisito de informar a la policía por lo menos cuatro días antes de toda huelga o manifestación.
No se permite organizar protestas en un radio inferior a 100 metros de las oficinas gubernamentales, residencias oficiales de los responsables del gobierno, las misiones diplomáticas, las oficinas de partidos políticos, los establecimientos penitenciarios y las instalaciones militares. Se aplica la misma regla de distancia a las huelgas o manifestaciones en los lugares clave de la infraestructura comercial y de transporte, incluidos puertos, aeropuertos, instalaciones de telecomunicación, centrales eléctricas, depósitos de agua y depósitos de combustible.
Restricciones a la libertad sindical para los extranjeros: El Artículo 11 de la Ley sobre Inmigración y Asilo señala que se prohíbe a los extranjeros participar en “los órganos administrativos o sociales de un sindicato”.
Derechos sindicales en la práctica y violaciones en 2008
Contexto general: Independiente desde 2002, Timor Oriental es uno de los países más pobres del mundo, a pesar de sus recursos energéticos. En abril y mayo de 2006, divisiones y acusaciones de discriminación en las fuerzas armadas desencadenaron una guerra civil en Dili. Se creó una Misión de las Naciones Unidas para consolidar la estabilidad y promover la gobernanza democrática. El Premio Nobel de la Paz, José Ramos-Horta, que fuera elegido Presidente en 2007, resultó gravemente herido en un atentado perpetrado el 11 de febrero de 2008. Se declaró el estado de excepción hasta finales de abril, acompañado de una suspensión de la libertad de reunión, registrándose casos de malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad en su búsqueda de rebeldes. En los últimos meses de 2008 se recuperó una calma relativa.
El elevado desempleo y una economía esencialmente no estructurada son dos obstáculos presentes: El censo del gobierno en 2004 reveló que el 88% de la población activa de Timor Oriental “trabaja por cuenta propia o en actividades agrícolas de subsistencia”. Estos datos ponen claramente de manifiesto que, vistas las dificultades que experimentan los trabajadores/as para encontrar empleo en el sector formal, pocos desean correr el riesgo de volver a hundirse en la pobreza cuestionando las prerrogativas de un empleador respecto a derechos sindicales, salarios y condiciones de trabajo.
La central sindical nacional, Timor Leste Trade Union Confederation (TLTUC/KSTL), hace hincapié en que uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el movimiento sindical en Timor Oriental es que los trabajadores/as saben muy poco respecto a las cuestiones sindicales.
Aplicación limitada de la ley: A pesar de una legislación que garantiza el derecho de los trabajadores a formar y afiliarse a sindicatos y a hacer huelga, en la práctica, muchos empleadores hacen todo lo posible para oponerse al ejercicio de este derecho, por ejemplo, mediante despidos.
En la práctica, la aplicación del Código Laboral es muy limitada, especialmente fuera de la capital, Dili. Los informes de los sindicalistas indicaron a escala nacional que los inspectores del Ministerio de Trabajo no siempre se han mostrado imparciales a la hora de aplicar la ley, y tienden a favorecer a los empleadores. Según la TLCTUC/KSTL, los inspectores del trabajo se contentan con hablar con los empleadores sin comprobar sus afirmaciones con los trabajadores.
Detención y despido de sindicalistas: El 18 de noviembre, dos dirigentes sindicales, José Zito da Costa, Presidente de la Timor-Leste Trade Union Confederation (KSTL) y Almerio Vila Nova, Secretario de la General Workers’ Union (GWU), fueron detenidos por la policía cuando participaban en una acción de protesta pacífica, siendo liberados pocas horas después. La acción tenía por objeto apoyar a los trabajadores/as que habían organizado una huelga legal para protestar contra el despido de tres empleados en una tienda de Kmanek Supermarket (antiguamente Dili Cold Store). Los despedidos eran todos miembros del GWU, que había intentado negociar un convenio colectivo en dicho establecimiento. Los sindicatos intentaron oponerse a los despidos, pero la dirección se empeñó en mantener su decisión, lo que provocó que el conflicto fuese remitido al Ministerio de Trabajo. El Ministerio estimó que el empleador debía readmitir a los tres trabajadores despedidos y, ante la negativa del empleador a acatar la orden ministerial, los sindicatos iniciaron el procedimiento para la convocatoria de huelga.
Destrucción de las oficinas de un sindicato: Las oficinas del sindicato de docentes East Timor Teacher Unión (ETTU), afiliado a la Internacional de la Educación, fueron destruidas durante la violencia que afectó a Dili los meses de febrero y marzo. El sindicato de docentes no ha podido funcionar normalmente desde entonces.